“Susana” tiene la voz y
las manos trémulas cuando me cuenta lo que ha vivido durante los 7 años. Los
ojos se llenan de temor cuando recuerda el martirio físico y psicológico que la
han llevado a buscar ayuda en la Federación de Mujeres de El Alto.
Sus negros
cabellos largos y su frágil cuerpo se esconden en un abrigo que se confunde con
su pelo. La capucha que cubre su cabeza y rostro apenas revelan su identidad.
“Susana” es una mujer que vive con miedo, pero que ha decidió a hacer algo para
cambiar su vida.
“Tanto así me ha amedrentado que he olvidado mis derechos”
dice esta mujer de 30 años, ante la mirada de su abogado y una compañera de la
Federación que la entiende y asiente a cada frase. “Como policía sé que tengo
derechos, pero su palabra era ley”. La Ley era impuesta por el subteniente Willy Winto Mita Poma, detenido en la cárcel de San Pedro,
pero que a pesar de ello sigue enviándole mensajes de texto amenazadores y
haciéndole llamadas por celular para prometerle venganza.
Con la mirada asustada,
el cuerpo magullado, el alma herida “Susana” me cuenta que la hizo decir basta.
“En Enero mi
esposo me volvió a golpear y no perdí a mi bebé” dice entre sollozos mientras
sostiene en sus manos una fotografía del infante de 5 meses que jamás verá la
luz. “Pero ahora han sido tan tremendos sus golpes, una patada directa aquí en
mi estómago, que eso hizo con que salga el líquido amniótico y no había forma
de salvar a mi bebé. A mí nadie me había pegado y yo me he sentido muy mal, me
quería morir”.
A cada dos días una mujer boliviana es
víctima de feminicidio, según datos que maneja el Fondo de Población de las
Naciones Unidas. Un
crimen que es el final previsto en los casos más extremos de esa legión de
mujeres abusadas por sus padres, esposo, concubinos, hermanos, parientes,
incluso hijos, que hacen de Bolivia el
país más violento de la región y el segundo en agresiones sexuales después de
la caótica Haití.
Para no
acabar como una estadística más del feminicidio “Susana” ha dado un paso
definitivo: acudir a la ayuda legal que le provee la Federación de Mujeres que
ha apropiado de su causa y busca protegerla, nos sólo sacándola de ese entorno
de gritos, pellizcos, puñetes y golpes, sino asistiendo en grupo a las
audiencias por el juicio por agresiones físicas y psicológicas que el abogado
de la institución acaba de iniciar en los estrados judiciales. La barra brava de
“Susana” espera evitar que las amenazas que sigue recibiendo se cumplan. Es una
acción de hermanas que saben lo importante que es demostrar apoyo a las
valientes que deciden acabar con este círculo de lágrimas y dolor en sus vidas.
Buscar
ayuda no ha sido fácil. Para que “Susana” tome la decisión de escapar de otra
estadística nefasta – 7 de cada 10
mujeres en Bolivia son víctimas de algún tipo de violencia según del Defensor
del Pueblo – ha tenido no sólo que reunir valor para alejarse de su hogar
con su pequeño hijo de año y medio, sino también mirar de frente a los que
hablan de ella la Policía Boliviana y el entorno de su esposo. “Cada vez eran
los golpes más y más tremendos. Él me decía: ¿Qué clase de mujer me puede denunciar? Tú no me quieres, por
eso me has denunciado. La mujer que realmente quiere a su esposo no hace esas
cosas. No me haría ese daño”.
4
denuncias por maltrato. 3 abortos forzados a patadas en las madrugada frías de
las calles de Villa Fátima, la ilusión de un hogar feliz destruida han sido el límite
para que la frágil “Susana” tenga el valor de cambiar un destino seguro que
habría acabado con su vida a pesar de lo que vecinas y amigas piensa. “Me
decían que si quería conservar mi matrimonio debería ser ciega, sorda y muda,
como es posible que el haga quedar mal a mi esposo que es oficial (de policía)”.
“Susana” es aún una
excepción. De
450.000 casos de violencia denunciados, sólo 27.000 ingresaron a las instancias
judiciales y únicamente 96 casos tuvieron una sentencia condenatoria entre los
años 2007 a 2011. A pesar de ello ella ha decidido pedir
ayuda, una decisión que puede haya salvado su existencia y la de su hijo
decididos a cambiar una cárcel por un hogar.
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