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lunes, 7 de octubre de 2013

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Celeste, la “esclava” que pudo huir

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Celeste (nombre ficticio) estuvo sometida durante un año y medio a explotación sexual, golpizas, encierro e incluso actos zoofílicos en los Yungas.

Tenía apenas 11 años cuando el que consideraba su novio y protector comenzó a comercializarla y explotarla sexualmente. Fue sometida a golpizas constantes, encierros en una pequeña habitación, mala alimentación e incluso actos de zoofilia. 

"Mi pareja no era celosa, porque me dejaba estar con varios hombres”, decía Celeste, una más de las cientos de víctimas de trata y tráfico en Bolivia, la diferencia es que ella pudo huir.

Las cifras tienden a incrementarse cada año. Entre enero y septiembre de 2013, el número de denuncias por trata y tráfico en Bolivia llegó a 243, mientras que durante toda la gestión 2012 hubo algo más de 300, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem).

La entrega a un extraño
Celeste tenía ocho hermanos, pero uno a uno fueron abandonando la pequeña casa de adobe donde vivían, cansados de las carencias y la desatención de su madre, una productora de coca que destinaba lo poco que ganaba al consumo de alcohol.

A mediados de 2008, a sus 11 años, su madre y madrina la entregaron a un extraño recién llegado a la población de Ocobaya, en los Yungas de La Paz.

"Tiene dinero y podrá mantenerla”, pensaron la madre y la madrina de la niña. "Con él podrá tener una mejor vida”. 

Es así que Celeste fue llevada a la población de Chulumani, a unos cuantos kilómetros de su casa materna.

"Soy tu novio”, decía a Celeste el hombre de al menos 35 años, quien a los pocos días de instalarla en su vivienda la ingresó al primer grado escolar. Sin embargo, a las pocas semanas la niña tuvo que abandonar su educación.

El encierro
El abuso comenzó con su reclusión. "Las víctimas no tienen idea de si es de día o de noche, por el encierro al que están sometidas. Pierden el contacto con la realidad y el mundo exterior”, afirma Geovanna Heinrich, de Atención Directa a Víctimas de Trata y Tráfico de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM).

A principios de 2009, encerrada, con un alto grado de desnutrición y manteniendo firme la idea de que él era su pareja y la cuidaba pese a su brutal sometimiento, Celeste fue forzada a tener relaciones sexuales con cada hombre que su tratante metía a su pequeño cuarto. Uno más ebrio que el otro y pagando por anticipado los minutos que estarían con la niña que ya rondaba los 12 años.

El dolor físico y la tristeza la empañaron cada vez más, pero a la sola intención de negarse a seguir con esa explotación, recibía palizas que hoy aún se perciben a los lejos en la piel morena de Celeste, traducidas en su mirada triste y esquiva. 

Denuncias y testimonios dan cuenta que las víctimas de trata son sometidas a través de la intimidación, el abuso y los controles psicológicos de su tratante.

"Más del 50% de la población de niñas y adolescentes víctimas de trata que atendemos es del área rural. El factor común de estas niñas expuestas a la explotación sexual es la indigencia o su extrema situación de pobreza”, explica Ariel Ramírez, responsable de Proyecto de Atención a Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual Comercial de la Fundación Munasim Kullakita.

Actos aberrantes de zoofilia
Una de esas tantas noches en la que su tratante llegó en total estado de ebriedad, forzó a la niña a tener relaciones sexuales con un animal. 

Con las pocas fuerzas que le quedaban, Celeste se negó a hacerlo y entre gritos, empujones y llanto frente al delincuente, la niña fue mordida en el cuello. Luego de la brutal agresión, Celeste empezó a desangrar, pero tuvo que curarse sola, sin la atención y cuidados de una madre que la había olvidado y un padre que nunca conoció.

Una enorme cicatriz en el cuello es lo que queda hoy de los actos forzados de un hombre que nunca fue capturado.

"Pese a que hay una norma, los delitos de trata y tráfico continúan en el país y nos preocupan mucho”, expresa la delegada adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico.

Huir, ¿la única opción de la víctima?
A pesar de los abusos y agresiones, Celeste mantenía un fuerte vínculo afectivo con el que consideraba su pareja y protector, lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. 

Sin embargo, la dureza y persistencia de los abusos fueron agotando a Celeste hasta que decidió escapar.

Debía aprovechar la mínima distracción de esa noche en la que rendido por el alcohol se quedó completamente dormido sin percatarse de que la puerta del dormitorio no estaba asegurada.

Nada se llevó en las manos, sólo la esperanza de salir de ese lugar y pedir ayuda. Deambuló varias horas por las calles de la población y finalmente fue llevada por algunos vecinos hasta una oficina de la Defensoría del Pueblo de la región.

"Era mi pareja y no era celoso”, repetía esta víctima de trata que, cuatro años después, lleva adelante un duro proceso de recuperación física y psicológica gracias a la Fundación Munasim Kullakita, que traducido del aymara significa "quiérete hermanita”.

Las edades de las víctimas de trata de personas en la ciudad de El Alto, de acuerdo con estudios de la Fundación Munasim Kullakita, oscilan entre 13 y 16 años, y los tratantes por lo general tienen rasgos "narcisistas por sentir que tienen el poder de hacer lo que quieran por el hecho de estar pagando el precio que sea por esa menor”, asegura Ariel Ramírez, responsable de dicha instancia.

Es así que las víctimas de trata de personas son sometidas a constantes golpes, por los cambios recurrentes de ánimo de sus tratantes, que llegan al grado de la flagelación. 

Empero, el tratante muestra una personalidad amable y tranquila a la hora de abordar al cliente y realizar la transacción, cuyos montos van desde los 50 hasta los 80 bolivianos.

Las formas de identificar a una persona que es sometida y forzada a estos abusos son variables, como la falta de sus propios documentos de identidad , carencia de dinero en efectivo y notorias actitudes nerviosas, desnutrición y heridas o golpes, producto de un permanente abuso que llega a la flagelación...

Consejo Regional de Defensores

Mecanismos El Consejo Andino de Defensores del Pueblo, conformado por Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia, en un reciente encuentro creó una agenda para abordar y crear políticas de lucha regional contra los delitos de trata y tráfico de personas.

Red de lucha Una de las directrices del Consejo Andino de Defensores del Pueblo es la coordinación de políticas con las entidades consulares en cada uno de los países miembros. Además de capacitación y concienciación en sectores sociales de la región.

Investigación Se realizará una minuciosa investigación de las rutas de tráfico de personas a nivel regional. También se coordinarán controles con las instancias consulares de cada país de la región afiliado al consejo, de acuerdo con datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Consiguen la captura a través de otras adolescentes

En la ciudad de El Alto las redes de trata de personas implementaron nuevos mecanismos de captura de niñas y adolescentes para una posterior explotación sexual comercial.

Utilizan a otras víctimas como instrumentos de captación.

Ariel Ramírez, responsable de Proyecto de Atención a Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual Comercial de la Fundación Munasim Kullakita, sostiene que las instancias policiales, estatales y no gubernamentales detectan con cierta facilidad a tratantes y proxenetas en las calles. "Los delincuentes optaron por usar a otras menores víctimas de explotación sexual comercial en situación de calle, pagándoles para abordar a otras niñas y adolescentes en sus centros educativos, plazas o discotecas”.

Las personas elegidas como "captoras” deben aparentar una situación económica similar a la de la futura víctima.

"El mecanismo es que estas menores van a la puerta de los colegios o a las plazas e identifican a las niñas. Las abordan y en caso de haberse faltado a clases lo que hacen es invitarles alguna bebida, así conocen su situación familiar, se ganan su confianza y la convencen para ir con ellas a otro lado, donde esperan para atraparlas y captarlas el proxeneta o tratante”, agrega Ramírez. 

Lo que también hacen estas adolescentes es asistir a discotecas, donde les regalan bebidas alcohólicas, las escuchan y se hacen muy amigas; así, poco a poco, las insertan al mundo de la explotación sexual comercial.

El delito de trata de personas, enmarcado en el artículo 6 de la Ley 263 de 31 de julio de 2012, se define como la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza a través de la participación forzada de otra persona en: actos de prostitución, explotación sexual y/o laboral, peores formas de trabajo infantil, formas de servidumbre, entre otros.

A partir de la promulgación de esta ley se estableció crear el Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas, con el fin de formular, aprobar y ejecutar políticas de lucha contra esos delitos; está conformado por nueve ministerios e instancias a cargo. Sin embargo, este medio no obtuvo ninguna información del Ministerio de Justicia y dependencias del Ministerio de Gobierno.

Claudia Soruco / La Paz
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lunes, 16 de septiembre de 2013

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Comunarias aprenden a coser polleras y a ejercer sus derechos

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Un centenar de mujeres de Mecapaca se capacitan en costura, tejidos, agricultura y a la vez conocen sus derechos con un programa de Ayni. Los resultados favorecen a sus familias en lo económico y social


Aunque con cierto recelo, se dejan tomar fotos. Un centenar de campesinas exponen polleras y mantas en Lluto. Diez reciben un premio pero todas ganan: saben coser, tejer, cultivar y aprendieron sus derechos. “Ya no tengo miedo”, expresa una de ellas a la “hermana” periodista.

Son mujeres que viven en las comunidades del sector Loma: Jancocahua, Collana, Nuñumayani y Totorani en el municipio de Mecapaca y Jucumarca y Wacawacani en Palca, que participan en el programa de desarrollo integral de comunidades indígenas aymaras de la Asociación Civil Ayni.

“Cuando empezamos eran un poco cerradas”, señala la agrónoma paceña Justa Mamani Quispe, responsable de los talleres de capacitación. “Han perdido el miedo y aprendido una actividad que les sirve. Es un logro que les ayuda económicamente”, enfatiza. Las polleras se venden en ferias, fiestas y en la Max Paredes en la ciudad de La Paz.

“El programa promueve la equidad de género a través de talleres de costura. Se impulsa un proceso de empoderamiento basado en el conocimiento de sus derechos económicos, humanos y civiles. Aprenden que la Constitución Política del Estado las ampara, pero ellas tiene que hacer valerlos”, explica el director de Programas de Ayni, Sergio Elío Mansilla. Son pequeñas comunidades, a pocas horas de La Paz, a las que se llega por un camino de tierra disfrutando del Illimani y el Mururata.

Aún desconocen los beneficios del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y no hay un Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). “Los casos de violencia no salen a la luz y eso hace que la autoestima de la mujer permanezca baja”, subraya Elío. También realizan talleres con hombres y los más jóvenes empiezan a cuestionar “costumbres” como el golpear a la mujer o excederse con el alcohol.

Hace diez días se desarrolló la “Exposición de trabajos en costura y tejido en Lluto”, para exhibir y galardonar la creatividad y el trabajo de las mujeres. En su discurso, el secretario general de Lluto, Arturo Pérez, destacó esta labor pues su esfuerzo repercute en bien de sus familias.

Para homenajearlas, un grupo de esposos se ocupó ese día de servir el almuerzo, mientras que otro permaneció en sus viviendas al cuidado de los niños. A las dos de la tarde todas estaban listas para volver a pie a sus comunidades y retomar sus labores: la costura, la casa, la chacra y el retablo. Ni micros, ni minibuses, ni taxis transitan por ahí. Sólo los fines de semana contratan vehículos para trasladar productos agrícolas a los mercados Rodríguez y Chasquipampa.

“Nos organizamos para reunirnos una vez al mes”, explica Adela Huanca de Cutile, de la comunidad de Jancocahua. “Cosemos y tejemos para nosotras y para vender. Es un ingreso más. Una manta delgada de alpaca está en Bs 300; la de hilo, en Bs 220”.

Destaca que Ayni les ayuda con la mitad del costo de la tela para elaborar polleras. “Nosotras aumentamos el resto. Queremos aprender bien para abrir una tienda”, señala con esperanza. Una pollera de las que usan cuesta Bs 500 como mínimo. “Es caro, y la costura en La Paz nos cobran Bs 180. Ahora ya sabemos coser, no gastamos en eso”, afirma.

“Lo que está otra vez de moda son las polleras de siete bastas (siete centímetros de ancho en las tablas). El volumen depende del tamaño de la tela. Las que bailan en Gran Poder las hacen de nueve metros”, detalla Virginia Pérez Mamani. Es una de las 30 mujeres de Lluto que desde hace cuatro años participa en los talleres.

La jurado, Miguelina Mamani Gutiérrez, que vende en la Feria 16 de Julio, asegura que “cuando una sabe su medida hace su propia pollera”.

Lo más difícil es la presilla (cintura), pues la tela se dispone y se cose a mano, aclara Lidia Mejillones.

“Queremos aprender más, además ya hemos perdido el miedo a hablar”, expresa Yenet Apaza y sus compañeras de Collana sonríen.

Ahora buscan proyectos de agua y riego. “Es otro logro”, dice Geraldine Oropeza, psicóloga de Ayni y Virginia Mamani invita: “Que se animen las mujeres y participen”.

Objetivo de ayni para el desarrollo

Programa

El objetivo es disminuir la elevada condición de vulnerabilidad de comunidades indígenas aymaras situadas en el sector Loma con estrategias de organización y producción que contemplan la perspectiva de género.

Acciones

Fortalecer las organizaciones comunales para que incidan en los sindicatos campesinos y logren políticas públicas que contemplen a la mujer, la mejora en la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
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martes, 3 de septiembre de 2013

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En ocho meses 15 niñas menores de 12 años fueron violadas y asesinadas

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En ocho meses 15 niñas menores de 12 años fueron violadas y asesinadas

Cinco de los casos se registraron en Cochabamba, uno en Santa Cruz, otro en La Paz y dos en la ciudad de El Alto. Los seis restantes aún se encuentran en proceso de investigación.


La Razón Digital / Milenka Villarroel / La Paz
09:45 / 03 de septiembre de 2013
Entre enero y agosto de este año 15 niñas de hasta 12 años perdieron la vida en Bolivia después de ser golpeadas, torturadas y violadas, según concluye un estudio realizado por el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM).
Lourdes Peñaranda Morante, coordinadora del Centro Documental de La Mujer Adela Zamudio, del CIDEM, informó a La Razón Digital que de los 15 casos seis corresponden a la tipología de feminicidio infantil, que es el asesinato de mujeres cometido por hombres por el solo hecho de haber nacido con ese sexo.
Dijo que la investigación reveló que dos de esos crímenes fueron perpetrados por desconocidos, dos por el padre o padrastro de la víctima, uno por un vecino y el último por un dependiente del padre de la víctima. Recordó que el crimen más reciente con esas características se registró en junio de éste año en el Plan Tres Mil de Santa Cruz, cuando Mei Lin Ke, de tres años de edad, fue violada y asesinada por Iván Linder M. M. quien trabajaba como cocinero para su padre en el restaurante ‘Buen Gusto’.
Detalló que en cuatro de los casos de feminicidio infantil las víctimas fueron encontradas desnudas, luego de haber sido golpeadas, violadas, asfixiadas y hasta pisoteadas, y que en dos de ellos la agresión fue continua y con la complicidad de la madre.
En los otros nueve casos, que aun se encuentran en proceso de indagación, se manejan hipótesis sobre otros móviles, como la irresponsabilidad de los progenitores, que prefieren deshacerse de sus hijas para no cumplir con su manutención, o casos de pedofilia.
Peñaranda mencionó el caso de un hombre que, en la ciudad de El Alto, asesinó a su pequeña hija por celos y para vengarse de su pareja. “El motivo que arguye el padre es que la madre se salió en la noche y la dejó a la niña. Son los celos los que motivaron que la matara a golpes”.
Informó que como CIDEM hacen seguimiento para dar con los culpables de al menos dos casos: el Camila Brañez, que el 29 de abril del 2009 apareció sin vida en vía pública, “presuntamente por haberse lanzado de la ventana de un segundo piso”; y de Patricia Flores, quien en 1999 fue encontrada en la escuela Vicenta Juaristi Eguino luego de haber sido violada y flagelada.
“Respecto a los crímenes ocurridos éste año, sé que todos están en la etapa de investigación  y que los supuestos culpables se encuentran con detención preventiva”, dijo la coordinadora del Centro Documental de La Mujer Adela Zamudio.

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miércoles, 28 de agosto de 2013

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Defensoría priorizará denuncias sobre violencia a la mujer por internet

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Defensoría del Pueblo priorizará denuncias sobre violencia a la mujer por internet

27 de Agosto de 2013, 05:40


    La Paz - Bolivia.- El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó el martes que las denuncias vía internet que reciba la Defensoría del Pueblo a través de su página web sobre violencia sexual, física o sicológica a mujeres, niñas y adolescentes, serán atendidas con prioridad y de manera inmediata.

    'Muchas mujeres, jovencitas o niñas sienten temor de denunciar que son víctimas de violencia y maltratos, pensando en ello es que la Defensoría del Pueblo está implementando este servicio, de modo que ellas, solas o con ayuda de alguien puedan enviar sus denuncias en nuestro espacio Denuncie la violencia contra las mujeres', explicó, citado en un boletín institucional.

    Villena dijo que ese nuevo servicio tiene como objetivo que una mayor cantidad de víctimas denuncien directamente, incluso antes de recurrir a la Fiscalía o a oficinas policiales, para que la institución pueda hacer seguimiento de ese caso de inicio a fin.

    Villena recordó que la iniciativa de recepción de casos a través del internet se aplica ya en otros países con muy buenos resultados y, por tanto, dijo que ese necesario que se aplique considerando que más del 10 por ciento de la población usa de manera permanente el internet.

    Precisó que la dirección del portal digital de la Defensoría del Pueblo es www.defensoria.gob.bo, que además está conectada con las redes sociales facebook y twiter, cuentas en las que también la población puede expresarse.
ABI
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martes, 27 de agosto de 2013

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La violencia contra la mujer boliviana en cifras

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A nivel mundial:

- El 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo son casos de violencia machista por compañero sentimental:  no se debe a robos callejeros, o situaciones de guerra,  son perpetrados por sus parejas o exparejas. El porcentaje es contrastante si se compara con el de hombres muertos a manos de sus parejas, lo equivalente a un 6% (OMS, 2013).
 -  Un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún momento violencia física o sexual a manos de su pareja en algún momento de su vida (OMS, 2013).


 La violencia contras las mujeres bolivianas y en razón de género en cifras
►   7 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia.
► Una mujer muere cada tres días víctima de feminicidio en Bolivia (CIDEM, 2012)[1]. El feminicidio infantil y adolescente está en aumento − entre enero y junio de 2012, 37,21% de las víctimas tenía hasta 20 años.[2]
► De cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales Municipales (SLIM), 9 son mujeres -incluidas las niñas- que sufrieron agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO – 2010)[3].
► 12 denuncias de violencia sexual contra mujeres adultas y niñas por día han sido registradas en 4 instituciones públicas y 7 privadas, de las capitales de 6 departamentos del país y El Alto (Observatorio de Género, Coordinadora de la Mujer, 2008)[4]. De los registros de denuncias que contenían la edad de las agredidas, más de la mitad eran menores de edad (un equivalente a 62%).
► No existen casos denunciados ni estadísticas sistematizadas sobre proxenetismo y violencia sexual comercial (Presentación Diagnóstico sobre Violencia Sexual Comercial-ICCO-Kerk in Aktie)
► Más del 50% de mujeres entrevistadas en estudio reciente de ONU Mujeres sobre percepciones de las bolivianas en torno al ejercicio de derechos declararon como frecuente o muy frecuente la violencia contra mujer en su círculo familiar o cercano.[5]
► Siete de cada diez personas de las poblaciones TLGB, han sido víctimas de amenazas e insultos, como la forma más común de agresión, seguida de humillación y golpizas especialmente en la población Trans[6]. Sólo una de cada siete personas LGBT, denuncia los actos de violencia de las que son víctimas y sólo una de cada diez la vulneración de sus derechos.

 Persiste la impunidad en Bolivia
►En “investigación realizada por la administración de la justicia boliviana se observa que del 100% de los expedientes de casos revisados que abordan materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de prueba y de estos, el 41% corresponde a delitos sexuales” (citado en informe CIDH/OEA, 2007)[7].
► En el año 2008, mientras 3.475 denuncias[8] de violencia sexual fueron registradas en instituciones públicas y privadas de 5 capitales de departamentos y El Alto, sólo 935 sentencias en materia de violencia sexual fueron emitidas desde los Tribunales Departamentales de Justicia (Observatorio de Género - Coordinadora de la Mujer)[9].
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[1] La institución reportó en informe del Observatorio “Manuela” de un total de 542 decesos entre mujeres en cuatro años (de 2009 a 2012), 345 se referían a casos de feminicidio.
[2] CIDEM, Boletina Feminista – Segunda época Año 5, No 15, Agosto/2012. Respecto a los últimos 5 años, en 18,93% de los casos registrados la víctima era niña o adolescente.
[3] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA; VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (2010). Construyendo una Bolivia Libre de Violencia de Género. La Paz, Bolivia. Según el estudio, en el 2º semestre de 2009,11.249 personas del sexo femenino denunciaron haber sufrido violencia en la familia. Del total de 337 municipios en la gestión 2009, sólo 150 contaban con SLIM y de ellos, 98 reportaron información.
[4] Segundo Boletín de violencia del Observatorio de Género, mayo/2012.
[5] ONU MUJERES (2012). Los derechos de las mujeres – Avances y Desafíos desde el punto de vista de las bolivianas. La Paz, Bolivia.
[6] Conexión- Fondo de Emancipación (2011): Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Discriminación y Derechos de Poblaciones TLGB en Bolivia. La Paz: Conexión.
[7] Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional Bolivia, Sesgo de Género en la Administración de la Justicia, Dra. Emilse Ardaya, Magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Elisabeth Iñiguez, Magistrada del Tribunal Constitucional, el Centro Juana Azurduy y la Agencia Española de Cooperación Internacional –citado en: CIDH/OEA-Relatoría sobre los derechos de la mujer (2007). Acceso a la justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. Disponible en internet:  www.cidh.org/women/Acceso07/cap1.htm
[8]  De ellos, 3.190  se refieren a denuncias de mujeres lo  que equivale a 92% de los casos.
[9] Fuente: Boletín Derechos en la Mira - Violencia - No2 del Observatorio de Género, a partir de registro actualizado de casos de violencia sexual  (2008) - Coordinadora de la Mujer, CCIMCA, IFFI, ECAM, Mujeres en Acción, Centro Juana Azurduy, Fundación La Paz, CPMGA, Casa de la Mujer. Se consideraron  los datos concernientes a denuncias en 4 instituciones públicas y 7 privadas y sentencias de tribunales departamentales respecto a  El Alto y las capitales de  5 departamentos (Tarija, Sucre, La Paz, Cochabamba y Oruro).

Observatorio de la Mujer
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Ley 348 Contra la Violencia Hacia las Mujeres (slides)

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http://www.slideshare.net/marisolmurillo/ley-348-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-bolivia


¿Quieres saber cuales son tus derechos? ¿Qué tipos de violencia están considerados en la nueva Ley de lucha la violencia de género? Aquí esta la nueva Ley 348 Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
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Debaten violencia de género con rostro indígena

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Especialistas y líderes indígenas analizan acciones de incidencia


La bienvenida estuvo a cargo de Barbara Krause, nueva Directora Residente de la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ; el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Alemania en Paraguay, Jens Urban; Mariana Franco Domaniczky, del Grupo Sunu de Acción Intercultural; e Hilaria Cruzabie, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI).
 Durante dos jornadas, referentes de la lucha contra la violencia hacia las mujeres indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay, identificarán estrategias de incidencia común sobre el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. La conferencia de apertura, abierta al público, contó con la presencia de destacas expositoras. 

El primer momento de la conferencia fue dedicado a los estudios sobre el impacto de la violencia contra las mujeres indígenas, presentándose tres exposiciones. Mónica De Las Casas Alegre, del Programa Regional ComVoMujer, compartió un análisis sobre la impunidad en el acceso a la justicia de mujeres indígenas andinas y amazónicas afectadas por la violencia de género, realizado en Bolivia, Ecuador y Perú. Por su parte, Salustiana Caballero del Grupo Sunu presentó la investigación “Voces y percepciones de las mujeres indígenas en Paraguay sobre las prácticas, conceptos, significados, actores y roles relacionadas a la violencia basada en el género”. Finalmente, la Representante de ONU Mujeres en Paraguay, Carolina Taborga, analizó la violencia contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes mujeres indígenas.

En un segundo bloque de exposiciones, mujeres líderes indígenas hablaron sobre los experiencias de incidencia contra la violencia hacia las mujeres. Tania Pariona Tarqui (Perú) se refirió a la incidencia de las jóvenes indígenas contra la violencia, mientras que Lourdes Huanca (Perú) presentó la experiencia de la Campaña Mundial “Basta de Violencia Hacia las Mujeres del Campo”. Tarcila Rivera Zea (Perú) desarrolló el aspecto regional y mundial de la agenda de incidencia contra la violencia hacia las mujeres indígenas y Julieta Montaño (Bolivia), vinculó la temática con el proceso denominado Post 2015, impulsado por las Naciones Unidas. Por último, Christine Brendel, Directora del Programa Regional Combatir la Violencia Contra la Mujer en Latinoamérica de GIZ, compartió las conclusiones con el público.

El Diálogo Regional “Voces de Dignidad” continúa hasta el martes con la participación de referentes del sector académico y organizaciones sociales, activistas y reconocidas líderes indígenas y campesinas. De Paraguay, integran el grupo de discusión figuras como Margarita Mbywangi, líder Aché; la dirigente campesina Magui Balbuena; y la abogada de derechos humanos, Esther Prieto, junto a otras destacadas mujeres. Se espera que las jornadas culminen con acuerdos de relevancia para la lucha contra la violencia hacia las mujeres indígenas. 


26/08/2013     17:11 Hs.    
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Mujeres no encuentran instancias para su defensa

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María Eugenia Rojas Valverde: Los avances han traído consigo nuevos problemas y desafíos, como el acoso y violencia política contra las mujeres

23.08.13. elmercuriodigital.es - CLAM.- En Bolivia, como en otros países de la región, la violencia política contra las mujeres se ha convertido en un grave contrapeso a los avances en materia de equidad de género y acceso al poder político. Abusos, amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, psicológicas, sexuales e incluso secuestros para obligarlas a dimitir de sus cargos forman parte de un repertorio de prácticas que buscan reforzar la esfera pública como dominio masculino y trasladar a ella las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres.

María Eugenia Rojas Valverde, que se desempeña en Bolivia como consultora en género y políticas públicas locales de la Federación Canadiense de Municipios, ha investigado estas formas de violencia que, si bien no son nuevas, han adquirido visibilidad sólo recientemente. En entrevista con el CLAM, habla sobre estas formas de violencia, los esfuerzos del Estado boliviano para hacerle frente y otros aspectos que obstaculizan el ejercicio pleno del derecho a la participación política de las mujeres.


¿De qué formas se expresa la violencia política contra las mujeres en Bolivia?

Bolivia, cuenta con 10.426.154 habitantes, de los cuales el 50,1% son mujeres, siendo una de sus características más importantes la diversidad étnica y cultural en una población predominantemente indígena y mestiza. Actualmente Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.



En este escenario se observa que las mujeres en Bolivia todavía se desenvuelven en un marco patriarcal que incide en: i) menor acceso, permanencia y término en todos los niveles del sistema educativo; ii) precaria atención de salud, con una tasa de mortalidad materna elevada con relación al resto del continente; iii) menores ingresos económicos por desempeñarse fundamentalmente en bolsones de empleo informal. En lo que respecta a la situación política de la mujer, después de un largo proceso, ésta ha sido fortalecida con la inclusión de criterios de equidad, paridad y alternancia en la normativa electoral boliviana, situación que ha permitido una creciente participación de mujeres en los diferentes niveles del Estado. Sin embargo, estos avances han traído consigo nuevos problemas y desafíos, como el acoso y violencia política contra las mujeres.

En el año 2009 se identificó el primer caso. Una indagación detallada mostró que en el periodo comprendido entre 2000 y 2009, 249 concejalas y alcaldesas hicieron denuncias por acoso o violencia política, lo que representa un promedio aproximado de 28 casos por año. Los principales actos denunciados están relacionados con el uso de la fuerza para obligar a las mujeres autoridades electas a suscribir todo tipo de documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad (41,37% de los casos); acciones destinadas a restringir o impedir el cumplimiento efectivo de sus funciones o atribuciones (30,12%); y actos de discriminación por razones de condición social, cultural, racial, etc., que son la tercera causa de denuncia (16,47%). Éste registro ha permitido realizar una clasificación de actos de acoso o violencia política, que sirvió a su vez como insumo para la tipología establecida en la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres aprobada en mayo de 2012, luego de que quedaran impunes cientos de casos.

Los casos denunciados y la experiencia en este tema nos muestran que las víctimas no son solo mujeres en ejercicio de la función pública, sino que estos actos suelen alcanzar también a su entorno familiar. De las experiencias de acoso y violencia política identificadas se puede inferir que pervive una cultura patriarcal en el ámbito público, que no solamente se encuentra enraizada en los hombres, sino que también es practicada por algunas mujeres, que reconocen o justifican este tipo de comportamientos. Esta situación puede atribuirse a una enseñanza que viene desde la propia familia, donde se relega a la mujer a un rol secundario y se le otorgan escasas posibilidades de acceder a espacios de decisión.

Sin embargo, Bolivia tiene uno de los marcos normativos más progresistas en América Latina en materia de derechos de las mujeres, incluido el derecho a la participación y paridad política, y ha desarrollado varias acciones para combatir esta forma de violencia…

Sí. Durante los últimos años se impulsó la aprobación de Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, para lo cual se desarrolló una estrategia orientada a la conformación de alianzas con otras instituciones interesadas en la temática, con quienes se llevó a cabo un trabajo de incidencia política. Una cualidad de esta norma es que no limita su aplicación a mujeres en cargos electivos, sino que amplía su alcance a mujeres designadas o en el ejercicio de la función política pública.

Sin embargo, quedan pendiente por implementar unas tareas definidas por la propia ley, que son: i) su reglamentación a cargo del Órgano Electoral Plurinacional; ii) incorporar en estatutos y reglamentos internos de las organizaciones políticas y sociales disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres, así como la incorporación de disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres y; iii) modificar reglamentos internos, de personal, disciplinarios y los de instituciones públicas.

De manera complementaria a este proceso se diseñó un protocolo para la atención de casos, que ha sido pensado como ruta de atención sobre los procedimientos que deben seguir los funcionarios de instituciones públicas en general y, en particular, los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), instancias responsables de atender y resolver las denuncias presentadas en la vía administrativa por faltas electorales, cuando se presenten denuncias de acoso o violencia política.

Para hacer efectivo el diseño del protocolo se definió una estrategia conjunta entre el Tribunal Supremo Electoral y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), con el apoyo de ONU Mujeres, que contempló acciones de sensibilización, capacitación y validación del mismo. Se hicieron talleres departamentales en los que participaron concejalas municipales y funcionarios de los Tribunales Electorales Departamentales. Los resultados de éste proceso fueron validados en un Taller Nacional Electoral de Género e Interculturalidad, donde se presentaron los resultados del trabajo desarrollado. Esto permitió acercar a mujeres concejalas y autoridades y técnicos/as electorales para que los últimos asumieran conciencia de la dimensión de la problemática en el ámbito municipal.

Por otro lado, como elemento transversal de todo el proceso, se ha realizado un trabajo permanente y sostenido de Empoderamiento de Autoridades Locales y Nacionales, que contempló la realización de encuentros departamentales de concejalas en todo el país, debates con mujeres y senadoras y encuentros con organizaciones de base y organismos no gubernamentales. Uno de sus resultados más importantes fue la organización del Comité Impulsor de los Derechos Políticos de las Mujeres en el año 2004, conformado por representantes de diferentes instituciones que trabajan en temas de género, con quienes se avanzó en la sensibilización y empoderamiento de mujeres de diferentes instituciones públicas sobre la importancia de los temas de acoso y violencia política.

Con la nueva Constitución Política, Bolivia se reconoció como un Estado anti neoliberal, descolonizador, incluyente y garante de la autonomía de los grupos excluidos. ¿Qué lugar han ocupado los derechos de las mujeres en la construcción del nuevo Estado Plurinacional?

En el caso de Bolivia, la sociedad transitó de una democracia representativa a una democracia con mayor participación directa, comunitaria e intercultural de diferentes actores y actoras. El período comprendido entre el 6 de diciembre de 2009 y el 4 de abril de 2010 fue definido por la Constitución Política del Estado (CPE) para que las bolivianas y bolivianos emitieran su voto y participaran en la elección nacional de las y los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente, Vicepresidente y otras autoridades. Para ello se establecieron las reglas del juego que regularían el proceso: la CPE, la ley del régimen electoral transitorio (hoy ley del régimen electoral y ley del órgano electoral), el reglamento para elecciones departamentales y municipales, el código electoral, la ley de partidos políticos y la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Como un logro histórico de las mujeres se incluyó la igualdad de oportunidades y la equidad de género en los artículos 8 y 270 de la CPE.

El nuevo contexto definido por la Constitución ha requerido de un trabajo que atenúe los potenciales conflictos que puedan surgir con la nueva institucionalidad. Se ha velado para que las transformaciones fueran gestionadas pacíficamente dentro de marcos institucionales democráticos de respeto a las minorías y de mayor inclusión de grupos tradicionalmente vulnerables y excluidos, entre ellos las mujeres. Sin embargo, uno de los grandes obstáculos para tal fin ha sido la disponibilidad de recursos económicos y oportunidades de participación en los partidos políticos.

En Bolivia próximamente se redactará una nueva Ley de Organizaciones Políticas (en remplazo de la anterior Ley de Partidos Políticos) adecuada al texto constitucional. El nuevo proyecto de Ley de Organizaciones Políticas establecerá el respeto a la equidad de género en las elecciones internas que realicen los partidos políticos para elegir a sus candidatos y candidatas. Será obligatorio el respeto de la equidad de género en la designación de candidatos y que el voto de militantes en los partidos políticos tenga en cuenta la alternabilidad para los próximos procesos electorales. Es decir que la democratización de los partidos políticos podría dar un salto cualitativo, estratégico, pues se prevé que los militantes de las organizaciones políticas elijan a sus candidatos y candidatas con base en determinados parámetros. Además el Tribunal Supremo Electoral (TSE) impuso dos hitos para consolidar la normativa: que exista mayor participación de la ciudadanía dentro de los partidos políticos y que las organizaciones respondan a las necesidades de la población con ofertas programáticas. Elaborarán reglamentos para ejecutar las elecciones internas en las contiendas políticas, esperando que los partidos realicen sus elecciones internas dándole la claridad necesaria a la selección. Las justas internas o primarias en los partidos son el mecanismo de elección de candidatos y candidatas por parte de militantes. Estas modificaciones podrían incentivar la participación de las mujeres y contribuir a una mayor democratización de los partidos políticos.

¿Qué ha obstaculizado entonces la participación política de las mujeres en condiciones de equidad?

A partir del hostigamiento que sufrió una Concejala por parte de una autoridad municipal, en 1999 las concejalas y alcaldesas de Bolivia, con la perspectiva de defender sus intereses y derechos, fundamentalmente los políticos, se organizaron y crearon la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). Entre 2000 y 2001 se llevó a cabo una labor de denuncia, se analizó la legislación nacional y municipal en busca de artículos que permitieran pedir un amparo legal para los casos de acoso y violencia política y al constatar su inexistencia, se propuso en 2001 la promulgación de una ley contra el acoso político.

En dicha revisión se detectaron varios vacíos en el ámbito normativo nacional que justificaron la importancia de esta iniciativa legislativa: el marco normativo vigente no contemplaba un catálogo específico de derechos políticos de las mujeres; no existía una definición jurídica del acoso y la violencia en razón de género; las conductas de acoso y violencia contra las mujeres que ejercen cargos públicos no se encontraban tipificadas como infracciones o delitos en las normas que regulan la función pública a nivel municipal, departamental o nacional; y la normativa relacionada no previa (ni prevé actualmente) mecanismos e instancias específicas para la atención, denuncia, tratamiento y resolución de casos de acoso y violencia política en razón de género.

Estas limitaciones normativas pusieron al descubierto algunos problemas prácticos a la hora de combatir el acoso y violencia política en razón de género: por un lado, no existen instancias públicas que registren y hagan seguimiento a los casos, y por otro, pese a que la mayor parte de conductas de acoso y violencia son tipificadas como delitos en el Código Penal (con penas mínimas que en la mayor parte no implica privación de libertad) ninguno de los casos denunciados ha concluido en sanción para el infractor o la restitución de los derechos de la víctima.

Las mujeres que han sufrido acosos y agresiones que perjudican su participación política, e incluso las llevan a renunciar, no encontraron una instancia que pueda asumir su defensa, debido a que al ser autoridades se encontraban en una situación de desventaja en relación a las ciudadanas comunes, sin que la ley contemplara alguna disposición al respecto. Del total de casos denunciados, 40% fueron derivados a instancias públicas de gobierno pero quedaron impunes. De estos, 32.4% no tuvieron ningún tipo de respuesta y el 7,6% de las veces las instituciones se excusaron indicando no tener competencia en la situación.

Además, cuando la queja se hizo en instancias municipales, no se cumplió con el proceso administrativo interno previsto por la Ley de Municipalidades, que establece sanciones a las autoridades y, en caso de constituir delitos, los deriva a la justicia ordinaria.

En su investigación llama la atención sobre el papel que desempeñan la cultura política y una institucionalidad informal en la participación política de las mujeres, incluso más allá del ámbito normativo…

Los avances normativos que tienden a promover el acceso de la mujer en los cargos de representación ciudadana en Bolivia se contradicen con los rasgos de la cultura política. Las mujeres que se presentan como candidatas o potenciales lideresas para ser electas y compiten con los hombres en la arena política por el acceso a los cargos de representación, son víctimas de acoso y violencia por parte de otros hombres y de mujeres de sus propios partidos políticos, por los líderes de esos partidos y por otras organizaciones políticas.

Por lo tanto resulta clave analizar no solamente los avances normativos sino también las prácticas asociadas a los procesos electorales para determinar de qué modo incentivan o desincentivan la participación política femenina en Bolivia.

Al respecto se observa que hasta hace poco no hubo una sola representante –líder o acompañante de fórmula– de ningún partido político, que se haya distinguido en la vida democrática boliviana, debido al monopolio del liderazgo por parte de los hombres o a la falta de experiencia de las mujeres.

Es decir que la democracia en el seno de los partidos políticos ha sido excluyente, insuficiente y discriminadora del género femenino; además de amedrentadora en términos de informalidad partidaria. Por otro lado es importante resaltar que los partidos políticos y las organizaciones políticas que han logrado incluirlas en sus listas, usualmente lo han hecho como relleno. Esto se evidencia en la manipulación e instrumentalización que sucede ante su falta de experiencia y conocimiento de lo político y la política; y en que no las asisten o entrenan para la gestión política o gubernamental. De este modo, mujeres que son identificadas en primera instancia como lideresas sobresalientes y que son convocadas a integrar listas electorales se convierten en presas fáciles en épocas electorales (antes, durante y después de las mismas). Cuando son electas y están en ejercicio de su cargo, son engañadas, relegadas, invisibilizadas, maltratadas, manipuladas y violentadas.
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No encuentran a exdiputado sentenciado por violación

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¿Dónde está Justino Leaño?
No encuentran a exdiputado sentenciado por violación


Lunes, Agosto 26, 2013 - 17:32
El comandante de la Policía Fronteriza en Tupiza, teniente coronel Edmundo Campos Lora, informó a ERBOL que durante esta jornada no pudieron dar con el paradero del exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Justino Leaño, quien la semana pasada fue sentenciado a 23 años de prisión por violar a su hija de 12 años.
“Esta mañana, los policías que realizan el control periódico a Leaño reportaron que a las 06.00 este señor no estaba en su domicilio declarado, (entonces) le hicieron la nota respectiva al fiscal para que tome a consideración y solicite que se levante las medidas sustitutivas (a la detención); Leaño durante todo el día no apareció, ahorita no sabemos su paradero”, dijo Campos.
Agregó que los policías no sólo fueron a buscarlo a su domicilio, sino también a su fuente laboral, donde tampoco estaba.
“Él está con arresto domiciliario con custodio policial esporádico, así dice la resolución, es decir, la policía puede verificar esporádicamente si él se encuentra en su domicilio. Además tiene derecho a trabajo. (Pero) hoy los policías fueron a verificar hasta su trabajo y tampoco se encuentra allá, (menos) en su domicilio; (por tanto) él está quebrando su situación jurídica desde esta mañana”, afirmó.
Apuntó que ahora lo que corresponde es que el fiscal del caso pida ante el Juzgado de Sentencia levantar las medidas sustitutivas de las que gozaba pese a tener una sentencia por violación.
El fiscal Charles Torres dijo que por ahora lo único que sabe es que Leaño no fue notificado debidamente para que a las 10.00 de hoy se presente a la audiencia de medidas cautelares.

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jueves, 22 de agosto de 2013

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Sentencian a 23 años de cárcel al exdiputado del MAS Justino Leaño por abusar de su hija

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Sección: POLÍTICA
Sentencian a 23 años de cárcel al exdiputado del MAS Justino Leaño por abusar de su hija
21 de Agosto, 2013, Por: La Redacción de Oxígeno



La Paz, 21 de agosto (Oxígeno).-  El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tupiza sentenció a 23 años de cárcel al exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Justino Leaño, quien  abusó sexualmente de su hija menor.
La información fue dada a conocer por el jefe del partido Nueva Alianza Bolivia (NAB) Amilcar Barral, quien aseguró que esta sentencia demuestra que la presión política no fue un factor para que se sancione al exlegislador, quien perdió mandato en abril de esta gestión.
“Ayer (martes) se dictó  sentencia  contra del exdiputado del MAS Justino Leaño a 23 años de cárcel”, informó Barral,  quien calificó a este hecho como “un precedente satisfactorio para las mujeres y niños de nuestro país”.
Barral, principal denunciante de Leaño, informó que se apersonará la próxima semana hasta la localidad de Cotagaita para que la sentencia se haga efectiva en la cárcel de Cantumarca y no así  en Tupiza.
“Con 23 años de sentencia este señor querrá escapar  y ahora tiene que pagar sus cuentas con la justicia”, dijo.
El exdiputado suplente del MAS Justino Leaño, acusado de violar a su propia hija, perdió el mandato en abril por dos tercios de votos del pleno de la Cámara Baja.
El argumento para el desafuero no tuvo que ver con el delito que se procesa en la justicia ordinaria, sino por 11 ausencias discontinuas e injustificadas a sesiones del Legislativo, después de que Leaño fuera sometido a detención domiciliaria desde diciembre de 2012.
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martes, 13 de agosto de 2013

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Hallan muerta a una joven; es el octavo caso de feminicidio

Posted by tonnylp  | 1 comment

El Alto. La víctima tenía 20 años; murió con un disparo en la cabeza

La Policía halló, el fin de semana, el cadáver de una mujer de 20 años con un disparo en la cabeza. Es el octavo caso de feminicidio en esta urbe en lo que va del año. Ella había salido de su hogar el viernes con sus amigos, quienes en sus primeras declaraciones entraron en contradicciones.
Marcha de activistas protesta por la muerte de la periodista Hanalí Huaycho
Foto archivo

La Policía los ha catalogado como sospechosos, pero las investigaciones están en curso. “Las versiones no coinciden, eso los coloca como sospechosos del hecho, pero no los culpa”, destacó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de esta urbe, coronel Ramiro Magne.

Hace una semana, se registró en la FELCC el séptimo feminicidio, en el cual una mujer fue brutalmente golpeada por su expareja, que por celos le propinó patadas y puñetes en el estómago, piernas, cabeza y espalda, lo que le provocó una hemorragia interna que derivó, finalmente, en un paro cardiorrespiratorio.

La joven de 20 años, que fue hallada por la FELCC el fin de semana en un barranco de Llojeta, es el octavo suceso violento con muerte en contra de féminas. Todos los casos están en fase de investigación y preparatoria, explicó el fiscal de Materia, Harold Jarandilla. “Aún continúa la fase en la que se están recogiendo pruebas determinantes para aprehender, incluso, a un sospechoso de uno de estos hechos”.

Amistad. La joven de 20 años fue identificada como Verónica Q. La Policía relató que ella salió de su domicilio el viernes para reunirse con sus amigos, pero no retornó. Los familiares denunciaron el extravío en la FELCC, que consignó el caso como mujer desaparecida.

La División de Trata y Tráfico no la pudo encontrar, y por eso intervino la División de Homicidios de la FELCC, que luego de un rastrillaje halló su cuerpo a 100 metros de profundidad en un barranco de la zona Llojeta. “No se descarta que haya existido violación, pero eso se determinará en la autopsia”, refirió Magne.

En sus primeras declaraciones, los amigos que estuvieron con ella dijeron a la Policía que se habían dirigido de Ciudad Satélite a un lugar más lejano. “Aseguraron que se fueron a La Paz, ella estaba compartiendo bebidas alcohólicas con sus amigos en Ciudad Satélite”, agregó Magne.

En febrero, sucedió el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, quien murió con 13 puñaladas asestadas por su esposo. En un segundo feminicidio, también estuvo involucrado un policía que tenía como amante a otra oficial de la institución del orden y a quien le disparó en la cabeza por celos. El tercer hecho es el de una mujer que murió apuñalada por su esposo en la casa de unos amigos tras consumir bebidas alcohólicas en el Gran Poder.

El cuarto feminicidio corresponde a una mujer que fue golpeada por su pareja por celos y que cayó por las gradas. En el quinto caso, el acusado aseguró que ella intentó lanzarse de la ventana debido a una pelea por celos; los testigos, sin embargo, manifestaron a la Policía que aquélla fue empujada desde el alojamiento.

El sexto hecho se trata de una mujer que fue asesinada en un alojamiento y a la que le cercenaron los senos. “Ahora ya sabemos quién es el autor, pero no lo revelaremos aún, para seguir con las investigaciones y colectar los últimos datos para poder aprehenderlo”, informó el fiscal Jarandilla. Y el séptimo feminicidio fue el de una mujer que fue asesinada a golpes por su exconcubino, quien intentó escapar pero fue aprehendido.

Eliminadas con violencia
Comunes
El fiscal de Materia de El Alto, Harold Jarandilla, informó que los ocho casos de feminicidio registrados en esta urbe fueron muy violentos, ya que se utilizaron armas de fuego o las víctimas fueron brutalmente golpeadas con piedras y vejadas.

La Razón
Miguel Rivas
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